Lo primero es admitir con toda claridad que los niños y jóvenes con discapacidades físicas o psíquicas son un problema de todos. Cuando hayamos comprendido que un muchacho con retardo mental, síndrome de Down, trastornos de audición y lenguaje, parálisis cerebral, autismo o dificultades de aprendizaje, es un venezolano como cualquiera, como el más dotado, como el más promisorio en las ciencias, el deporte, la empresa o las artes, entonces comenzaremos a ver los cuidados que requieren como un aspecto más de la atención que debemos a todos los niños de este país; y no como un lujo que la nación debe costear para mantener a ciertos ciudadanos que jamás van a redituar la inversión hecha en su tratamiento y formación. La verdad es que las personas con necesidades especiales pueden ser perfectamente útiles a la comunidad, siempre que hayan sido diagnosticadas, y sometidas a la rehabilitación adecuada.

Las discapacidades físicas y psíquicas son, también en Venezuela, un problema de salud pública y están clasificadas por la Organización Mundial de la Salud. De hecho, el Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) viene atendiendo estos casos desde hace 40 años. En la actualidad, la Unidad de Psiquiatría Infantil del IVSS, fundada por la doctora Alecia Bello, somete cada caso al estudio de un equipo interdisciplinario y, una vez elaborado un diagnóstico los niños son remitidos a las instituciones según sus necesidades. Estas instituciones suelen ser institutos privados de educación especial (y no clínicas, puesto que la gran mayoría de estos jóvenes no deben ser aislados de su entorno familiar y social; sino incorporados a un sistema educativo particular).

Existe en nuestro país la Asociación de Institutos Privados de Educación Especial (AIPEE) que agrupa a 27 instituciones privadas